Vulneración de derechos y depredadores financieros
Recortes de gasto público para tener contentos a los mercados que derivan irremediablemente en pérdida de derechos sociales para los ciudadanos. Una fórmula que se extiende por la damnificada Europa y que se consolida como la mejor alternativa para lograr la recuperación económica.
Análisis de las medidas
Las medidas de control del gasto y el plan de austeridad que se imponen en Europa, se presentan como la única forma responsable de lograr la recuperación económica, sin embargo conviene tener presente que ética y socialmente, son inaceptables, injustas y potenciadoras de la desigualdad de las clases sociales así como del incremento de la pobreza.
Distribución y desequilibrio
Económicamente suponen la inclusión en una recesión mayor para la sociedad. Legalmente, rompen con la naturaleza intrínseca de la Unión Europea y los compromisos adquiridos y socialmente, terminan con la protección social de millones de ciudadanos.
España, un análisis exhaustivo
Si analizamos el caso concreto de España, nos daremos cuenta que las medidas de control del gasto se contraponen con los preceptos establecidos en la Constitución Española. Inmerso en la Carta Magna encontramos lo que se conoce como el Principio de no Regresividad, recogido en numerosas sentencias judiciales que han establecido la no permisividad de recorte de derechos o la imposibilidad de minimizar la función pública de las instituciones.
Las excusas
Las voces defensoras de las medidas de control del gasto, establecen que los preceptos establecidos en la Constitución únicamente son aplicables en épocas de bonanza económica y que podrán variar cuando la situación así lo requiera, sin embargo, conviene no olvidar que, en el año 1966, España ratifico al Pacto de Derechos Económicos.
Este pacto establece la prohibición expresa de implantar medidas que contemplen un retroceso en los derechos sociales especialmente, en épocas de recesión donde es exigible, que las políticas económicas se afanen en el agotamiento de todos los recursos y la realización de todos los esfuerzos, a fin de evitar que los ajustes necesarios recaigan directa o indirectamente sobre la sociedad.
Sin embargo, la adhesión ratificada en 1966 parece haberse olvidado. Hoy, pensionistas, trabajadores públicos, familias y personas dependientes, comprueban con estupor como el gobierno limita de forma explícita, todos los derechos consolidados.
Las medidas de control del gasto no son la única vulneración de derechos que se están llevando a cabo, la reforma laboral se perfila sin duda, como una estocada final a los derechos de la clase trabajadora.
Regresividad, discriminación y vulneración de derechos
Se vulneran los principios constitucionales y se vulneran principios de seguridad jurídica y negociación colectiva.
Bajo la excusa de la no-opción, el gobierno –ignorando de forma permanente las alternativas viables existentes- opta por la vía fácil en detrimento de la sociedad a fin de aportar equilibrio y tranquilidad a los mercados, grandes depredadores financieros.
Las alternativas
- Control del sistema financiero
- Lucha contra el fraude al fisco
- Reactivación de impuestos como el de sucesiones y patrimonio
- Mayor presión fiscal sobre los grandes capitales
- Reducción de partidas públicas destinadas a la Iglesia católica o el ejército
Sin embargo, los derechos como siempre, necesitan ser reclamados para ser obtenidos. Parece por lo tanto, que las movilizaciones, las huelgas y la defensa social de los derechos, son la única alternativa que le queda a los ciudadanos de la Unión Europea, condición sine-qua-non para lograr que los responsables de la crisis no sigan siendo beneficiados a costa, como siempre, de los derechos de ciudadanos.